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Navia reabre el Cine Fantasio para "lujo" de la comarca: "Es un día histórico"

El gobierno naviego reivindica el derecho de la zona rural al acceso a la cultura y el deporte, "claves para el pleno desarrollo de las personas"

Navia, Ana M. Serrano 15.02.2020 | 00:22

Público en el primer aplauso de la ceremonia de reestreno del Cine Fantasio. A. M. SERRANO

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Navia vivió ayer un día "histórico". Porque el también histórico Cine Fantasio, inaugurado en 1944 y sin actividad desde hace 14 años, volvió abrir sus puertas para "asombro" de los naviegos y personas ligadas al concejo y al occidente de Asturias.

El acto inaugural empezó pasadas las siete, con lleno de público: 400 butacas que se quedaron escasas para la cantidad de personas que intentó, sin éxito, asistir a la cita. ¿Qué supone para Navia disponer de nuevo del cine? "Un lujo", comentaban los asistentes al primer día de la nueva vida de esta sala municipal, bautizada "Horacio Icasto" y que ofrecerá cine comercial y variados espectáculos gracias a su funcionalidad.

El concejal de Cultura, Gonzalo Asenjo, fue el encargado de dar la bienvenida al público. No faltaron en sus palabras agradecimientos a la empresa Industrias Lácteas Asturianas(Ilas)-Reny Picot y a la Fundación Cepeda Taborcías, que financiaron parte de lo que desde ayer es el Cine Fantasio. "Sin su colaboración, esto sería imposible", dijo Asenjo, para quien esta colaboración entre instituciones públicas y empresas privadas es "ejemplar" y una de las "apuestas de futuro" para concejos como Navia donde no llega el dinero público con tanta facilidad por ser un municipio de poca población.

"Tanto derecho tienen a ver cine las personas que viven aquí como las que viven en Oviedo", señaló el concejal de Cultura, quien también dio las gracias a la plantilla municipal por "su entrega".

Tras su intervención y un video que informó de cómo se ha hecho la completa reconstrucción del Cine Fantasio (obra de Jorge Carbajales), intervino el alcalde, Ignacio García Palacios. El regidor señaló que no todo lo que hace la Administración pública "es crudo hormigón" y añadió que la cultura y el deporte "son claves para el desarrollo pleno de las personas". El regidor naviego también elogió la iniciativa de Industrias Lácteas Asturianas y la implicación de la Fundación Cepeda Taborcías.

El acto se cerró con un aplaudido concierto del octeto de viento de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, al que siguió el Himno de Asturias al son de la gaita, interpretado por Luis Feito, para descubrir una placa a la entrada al complejo, que reza: "El Cine Fantasio fue inaugurado en 1944, siendo el proyecto del insigne arquitecto Ignacio Álvarez Castelao. Pasados 76 años y ya de propiedad pública municipal, fue íntegramente reconstruido por el Ayuntamiento de Navia, teniendo la importante y altruista colaboración de la empresa Ilas-Reny Picot y de la Fundación Cepeda Taborcías, a quienes el pueblo de Navia agradece expresivamente su ayuda".

DE PELUSA a PELOSI

Vi en el Campoamor, todavía cine, PELUSA, ridícula película con los cursilones Marujita Díaz y Espartaco Santoni, que conocería luego en la no menos decadente Marbella Pregil, remedo del Oviedo finisecular.

Cuando, tras segundo vuelo ictus, volví al escaño bruselense, resulté comisionado para multicontacto telefónico con una tal Nancy Pelosi. El nombre sonaba a muñeca convencional y el apellido a la absurda Pelusa. Eran tiempos de uvedoble Bush...

A la simultánea, dos fricciones mayores con los Estados Unidos: Los secuestros en cárceles secretas, en cuya investigación parlamentaria, me honré participando, y El Acuerdo de libre comercio que capotaría a ambos lados del Charco. El fugaz contacto, suficiente para percatarme que PELOSI era política de calidad.

Me descubro ante el gesto de romper discurso de Donald Trump, que, descortés, había hecho la cobra afeando saludo protocolario. Nancy contraatacó en exquisita semiología. La diputada alemana Henning Wellsow, en nivel distinto, tiró al suelo discretamente un ramito contra el breve Presidente liberal de Turingia por aceptar votos extrema derecha. El espontáneo gesto viral de un diputado catalán del PP ante un exabrupto xenófobo de la alcaldesa de VIC me llega “más que mil palabras”.

No sé la deriva del puzle americano, ni del europeo, o del español mismo; apenas siento orgullo de haber conocido un poco a esa Nancy, de gran encanto aún desmuñecada en arrugas octogenarias, como también, al escribir aquí “OBAMA, MAÑANA” en las primeras primarias frente a Hillary y Edwards.

PELOSI causa pelusa; para mí su entereza rasgando papeles merece respeto admirativo.

P.ÉSAME POR LA MUERTE DE DIANA GARRIGOSA

ENVIÉ PÉSAME A LA FUNDACIÓN PASCUAL MARAGALL POR EL FALLECIMIENTO DE DIANA GARRIGOSA CON UN BESO A PASCUAL,TAN BUEN COMPAÑERO EN EL ANTIFRANQUISMO Y LA ALCALDÍA

JUAN LUIS RODRIGUEZ VIGIL EN LNE 9/2/2020

Tenemos un Museo Regional de Bellas Artes de Primera División y sin embargo le asignamos recursos de Tercera Regional, porque el dinero público dedicado al arte está cautivo de otros centros de infinita menor importancia(...)

TODAVÍA SOBRE EL ROBO DE LA CATEDRAL/LA VOZ DE ASTURIAS

Estaba claro, sin embargo, a la vista de ese asalto en Oporto, que él no poseía más botín y que aquello de la bolsa no era todo lo había desparecido de la Catedral; él mismo lo dijo al ser interrogado. El resto «está en otras manos». Fue lo más cerca que estuvo de delatar a los presuntos cómplices, algo que de hecho nunca hizo.

Sí señala en su atestado que en el solar de Gijón sigue habiendo piezas enterradas. En efecto, la policía encuentra allí más, «pero fue una chapuza, porque no recuperaron todo», narra Masip. Al día siguiente de mañana acuden Emilio Marcos Vallaure y Joaquín Manzanares para ver el lugar, que no estaba custodiado. Descubren con sorpresa que aún quedan algunos elementos de las cruces semienterrados.

España pide naturalmente la extradición de Domínguez, pero, recuerda Masip, antes de que esta se produzca formalmente, la policía portuguesa entrega al detenido a las autoridades españolas. Este será otro de los motivos por los que el entonces joven abogado pedirá más tarde la nulidad del juicio, sin éxito.

El periodista asturiano Agustín Santarúa (fallecido hace diez años) consigue entrevistarse con Domínguez y es él quien le aconseja a Masip como abogado defensor. En efecto, cuando el ladrón es trasladado a Oviedo, llama a Masip y lo contrata junto a Marcelino Arbesú. Comenzará en mayo de 1978 el juicio del siglo.

(continuará en la segunda parte)

VISITA A LA ANTIGUA BIBLIOTECA NACIONAL DE FRANCIA

Juan Pablo Fusi, director de la Biblioteca Nacional, del tiempo en que investigaba Céline y Asturias, me hizo carta para Le Roy, su homólogo francés. No era todavía la Mitterrand. Mi visita fue a la antigua calle Richelieu, libros por pasillos, peor que en mi casa, por más que controlasen temperaturas, tal el comandante Nemo en el Nautilus o la doméstica Céleste cerrando luces para Marcel PROUST. El Cementerio de Libros Olvidados de LA SOMBRA DEL VIENTO de Carlos Ruiz Zafón…

Un ujier me introdujo en el despacho del Director que no estaba, aunque a su mesa estatua de Louis Aragon, hierática, incómoda postura, leve melena al viento que me recordó la Lloca del Rinconín del playón sanlorentino. La situación habría entusiasmado a Borges por estanterías bifurcadas infinitas y ceguera de quien dirigía, sacado de sí mismo o de EL NOMBRE DE LA ROSA de Umberto Eco. Aragon se tuvo por soñador sin retener sueños, que el escultor pretendía quizá conservase, hirsuto, en la impostada cabellera.

En otro relato julioverniano los bibliotecarios temen dormirse sin lectores; yo corrí, en el mismo lugar, riesgo inverso, somnolencia por falta de librero. Tras un rato de hieratismo, también de mi parte, pregunté pero Aragon, de los primeros en aplaudir a Céline, al que pronto detestaría, imposible escuchara en mármol. Monsieur Le Directeur nunca llegó y otro funcionario confirmaría la carencia del manuscrito de VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT aunque un avisado aseguraba existía. La Nouvelle Vague filmó allí (“Toute la memoire du monde”) en que identifiqué mis frustraciones del edificio de “toda la memoria del mundo” en travelling cinéfilo.

 

Pasaron décadas cuando mi hijo me regala en facsímil el deseado manuscrito en que el grandísimo escritor puso CORRIERE DE LA SERA donde luego modificaría a BOLETIN DE ASTURIAS. La Nacional francesa lo adquirió en subasta record. La referencia asturiana de nuevo en LA PLEIADE, de Henri Godard, máximo especialista celiniano, con perdón de la sabia Dalia Álvarez Molina. Completo en el BOLETÍN 10 de LA FUNDACIÓN EMILIO BARBÓN, recién salido, a cargo de Francisco Trinidad, mi ponencia del II Congreso de Bibliografía Asturiana.

Al ver LAS ESTATUAS TAMBIÉN MUEREN, de Alain Resnais, quise dar gracias por visita y plática al Aragon esculpido, pero Fusi ya no estaba en la Madre de todas las Bibliotecas, siendo directora Rosa REGÁS, a la que procede reconocer haberse manifestado en Suárez de la Riva/Rosal, junto a Ángel González, Sara Suárez Solís y Fernando Beltrán, contra la voladura de El FONTÁN.

Del barrio ayalino, frentero a “RAMÓN PÉREZ DE AYALA”, fabulosa biblioteca regional lograda por Ignacio Quintana sobre los añejos muros de la Casa de Comedias, quedan “CASA RAMÓN”, esquina rehabilitada por Guillermo Zarracina, Las Tiendas del Aire y los aledaños Duque del Parque y El Cañu rescatado por Avelino Martínez y Floro Muñiz Uribe.

Céline, Aragon, Borges, Resnais, Eco, Verne, Pérez de Ayala, Ángel, Dalia…han superado el tiempo vital, también el marmóreo y los anaqueles de la antigua Biblioteca de Francia.

CARTA DE JESÚS APARICIO EN LNE SOBRE COSTAS JUDICIALES

Una reflexión sobre el cobro de las costas judiciales por los Abogados del Estado en funciones de representación del Estado

31 de Enero del 2020 - Jesús González Aparicio

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En el pasado mes de septiembre, un infortunado amigo -que había visto desestimada una demanda de tercería de dominio, interpuesta contra la Agencia Tributaria con el fin de anular el embargo trabado sobre un bien de su propiedad- recibió del correspondiente Juzgado de Primera Instancia una resolución en la que se le notificaba la aprobación de la tasación de costas solicitada por el Abogado del Estado (y debidas, por tanto, a la Administración), cuyo tenor literal, si bien omitiendo las cantidades en ella señaladas, era el siguiente: “Cuantía: xxxx euros. 1.- Honorarios del Letrado del Estado s/minuta, xxx euros. 2.- Derechos del referido Letrado s/arancel, xxx euros. Total, xxx euros”.

Cuando se litiga, pues, contra la Administración pública y esta resulta vencedora, el Abogado del Estado está hoy autorizado por ley, en concepto de costas judiciales, para: a) presentar una minuta de honorarios, que se cuantifican con arreglo a las Normas Orientadoras de Honorarios profesionales aprobadas por los respectivos Colegios de Abogados; y b) exigir, además, siempre que se trate de juicios en los que es preceptiva la intervención de Procurador, el pago de los derechos económicos devengados a favor del mismo Abogado por sus funciones de procuraduría o de representación, que se fijan conforme al Arancel de los Procuradores de los Tribunales.

Esta duplicidad de las costas percibidas por el Abogado del Estado tiene su fundamento en las dos normas siguientes:

1ª de una parte, el apartado 1 del artículo 551 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, según el cual “la representación y defensa del Estado (...) corresponderá a los Abogados del Estado integrados en el Servicio Jurídico del Estado”.

2ª y de otra, el párrafo primero del apartado 1 del artículo 13 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones públicas, que en el momento actual establece que “la tasación de las costas en que fuere condenada la parte que actúe en el proceso en contra del Estado (…) se regirá, en cuanto a sus conceptos e importe, por las normas generales. En estos conceptos se incluirán, en todo caso, los correspondientes a las funciones de representación del Abogado del Estado”.

Esta segunda norma, sin embargo, no ha tenido siempre la misma redacción. En efecto, en su redacción original la ley se limitaba a decir, sin más, que “la tasación de las costas (…) se regirá, en cuanto a sus conceptos e importe, por las normas generales”. No hay en este momento inicial de la vigencia de la norma ninguna referencia a la inclusión en las costas de los conceptos correspondientes a las funciones de representación.

Sin embargo, tres años más tarde, el referido párrafo primero del apartado 1 del artículo 13 fue modificado por el artículo 50.2 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden social, pasando a disponer que “la tasación de las costas (…) se regirá, en cuanto a sus conceptos e importe, por las normas generales, con inclusión, en su caso, de los correspondientes a las funciones de procuraduría”.

Dicha expresión final (“con inclusión, en su caso, de los (conceptos) correspondientes a las funciones de procuraduría”) dio lugar, sin embargo, a una profunda división entre los jueces y tribunales españoles a la hora de su interpretación.

No es este el momento de hacer un estudio jurisprudencial de la cuestión. Baste decir aquí que, si bien es cierto que la doctrina mayoritaria de nuestros Juzgados y Audiencias Provinciales no tuvo inconveniente en admitir el cobro de derechos del Abogado del Estado en funciones de procurador, no es menos verdad que es fácil encontrar en las colecciones de sentencias de los años 2001-2017 declaraciones judiciales de este tenor: que “no procede que el Abogado del Estado perciba derechos económicos por su actuación como procurador, ya que, al quedar encomendada la representación y defensa del Estado al Abogado del Estado, la actuación de este como abogado y representante se superponen y confunden, sin que, por tanto, sea posible hablar en este caso de la existencia de una representación procesal propiamente dicha, autónoma y diferenciada de la defensa”.

Por ello, y ante la disminución de los ingresos estatales por el concepto de representación del Estado, la Disposición final cuarta de la reciente Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, modificó de nuevo el párrafo primero del apartado 1 del artículo 13 de la Ley de Asistencia jurídica al Estado para incorporar al mismo un inciso final en el que literalmente se dice, como antes ha quedado reflejado, que “en estos conceptos se incluirán, en todo caso, los correspondientes a las funciones de representación del Abogado del Estado”.

No he encontrado -o, si se quiere, no he sabido encontrar- en ninguna de las dos leyes modificadoras la motivación de los cambios legislativos antes reseñados. En mi opinión, ni en la Exposición de Motivos de la Ley 14/2000 ni en la correspondiente a la Ley 3/2017 existe el menor rastro de las razones jurídicas que han asistido al legislador para modificar el párrafo primero del apartado 1 del artículo 13 de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado.

En cualquier caso, este popurrí del cual es único autor el legislador español ha convertido aquel precepto en una norma extraña, contraria incluso a la propia Ley de Asistencia Jurídica al Estado, y hasta perturbadoramente inmoral, pues su única finalidad es hoy engrosar el presupuesto de ingresos del Estado a costa del ciudadano que corre la aventura de litigar contra la Administración. En efecto, tras las reformas legales comentadas, este infeliz litigante se verá obligado a pagar, en concepto de costas, a una sola persona -el Abogado del Estado- dos veces por el mismo trabajo. Más en concreto, a dichas reformas se las puede acusar, al menos, de lo siguiente:

1.º) en primer lugar, atenta contra el principio de unidad de las funciones de representación y defensa de que está investido el Abogado del Estado, en virtud de lo dispuesto en los artículos 551 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 1 de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado.

En el Derecho comparado, tanto en el entorno europeo como fuera de él, es habitual que se encomienden a una persona, de manera conjunta, las funciones de defensa y de representación del Estado. Lo que, por el contrario, es inusual es que esas dos funciones, realizadas siempre por el Abogado del Estado, hayan sido objeto en nuestro Derecho de una bifurcación, a los solos efectos del cobro de unas costas por actuaciones procesales supuestamente realizadas en funciones de representación (o procuraduría) por el mismo Abogado del Estado, cosa que no ha sucedido nunca en los ordenamientos jurídicos de otros países.

2.º) en segundo término, olvida que, siendo la función principal del representante procesal la de realizar todos los actos comprendidos, de ordinario, en la tramitación de los juicios, esta función ha sido ya expresamente recogida por la Ley de Asistencia Jurídica al Estado en el apartado 1 de su artículo 11, al decir que “en los procesos seguidos ante cualquier jurisdicción en que sean parte la Administración General del Estado (…) las notificaciones, citaciones, emplazamientos y demás actos de comunicación procesal se entenderán directamente con el Abogado del Estado en la sede oficial de la respectiva Abogacía del Estado”.

3.º) en tercer lugar, se comprende aún menos que esta pretendida transformación del Abogado del Estado en mero Procurador, a los únicos y exclusivos efectos de incluir en la tasación de costas los derechos económicos que puedan corresponderle según arancel, haya tenido lugar en la época de la presentación de documentos a través de los sistemas electrónicos existentes en la Administración de Justicia, que tienen hoy obligación de utilizar los Abogados del Estado, como los demás profesionales de la justicia, según establece el artículo 273 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, incorporando lo previsto en el artículo 5.1 del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia.

4.º) y, finalmente, en último lugar, ha acentuado de manera desmedida el carácter recaudatorio de la norma contenida hoy en el artículo 13.1 de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.3 de la misma Ley, según el cual “las costas en que fuere condenada la parte que actúe contra el Estado y organismos públicos se aplicarán al presupuesto de ingresos del Estado…”.

Para ello le ha bastado al legislador con sustituir, como por arte de birlibirloque, la expresión utilizada en la Ley 14/2000 (“con inclusión, en su caso, de los conceptos correspondientes a las funciones de procuraduría”) por la redacción introducida por la Disposición final cuarta de la Ley 3/2017 (“en estos conceptos se incluirán, en todo caso, los correspondientes a las funciones de representación del Abogado del Estado”).

Ello significa, pura y simplemente, que en la tasación de las costas en que fuere condenada la parte que actúa en el proceso en contra del Estado se incluirán “en todo caso”, es decir, siempre, en cualquier caso o circunstancia, los conceptos correspondientes a las funciones de representación del Abogado del Estado, aun cuando se trate de actuaciones que no implican una representación procesal propiamente dicha, autónoma y diferenciada de la defensa, como es, por ejemplo, la presentación al Tribunal del escrito de contestación -¡redactado por el propio Abogado del Estado!- a la demanda promovida de contrario.

Así ha ocurrido en la tasación de costas de la que se ha hablado al inicio de este escrito, en la que se reclaman, además de unos honorarios del Letrado del Estado según minuta, unos derechos de dicho Letrado según el arancel de los Procuradores de los Tribunales.

La conclusión de todo lo dicho hasta aquí es, pues, que el legislador ha creado una norma que es contraria al espíritu de la ley reguladora de la asistencia jurídica al Estado, siendo la causa de un enriquecimiento indebido del Estado y, al mismo tiempo, de un correlativo perjuicio económico para quienes litigan contra la Administración, y que, solo por ello, no es digna de formar parte del ordenamiento jurídico de un Estado de Derecho como es el español.

Para finalizar, tengo verdadero interés en aclarar que la presente reflexión no ha sido escrita, ni mucho menos, contra los Abogados del Estado -ni tampoco contra los Letrados del Servicio Jurídico de las Comunidades Autónomas, que están, a estos efectos, asimilados a aquellos-, pues todos ellos son fieles y meros ejecutores del mandato impuesto por el legislador.