¿Cuándo se jod.. Cataluña?
No se puede explicar la deriva independentista ocurrida en los últimos 6 años en el gobierno de la Generalitat, y en parte del propio pueblo catalán, sin referirse a dos acontecimientos determinantes para tal deriva. El primero, la revocación parcial del nuevo Estatut por obra del Tribunal Constitucional, después de su refrendo por referéndum en Cataluña. El segundo, la negativa de Mariano Rajoy a la petición de Artur Más para Cataluña de un concierto económico similar al del cual disfruta el País Vasco. Antes de entrar a analizar y valorar los antecedentes y las causas de estos dos acontecimientos, es preciso reconocer que ambos han sido percibidos por un gran sector de la población catalana, probablemente mayoritario, como unos agravios injustos y discriminatorios para con la Comunidad Catalana y el pueblo catalán en general. Esta sensación de agravio ha provocado que ese pueblo se sienta con motivos parareclamar el famoso ¨derecho a decidir¨, en realidad de volver a decidir después del referéndum del Estatut, como manera de expresar su voluntad o deseo en relación a una posible independencia, aún cuando muchos de los que lo reclaman se hubieran pronunciado en contra de ella. Este sentimiento, a su vez, ha podido animar y legitimar al gobierno catalán a la hora de pedir y planificar un referéndum de autodeterminación, y cargarse de razones para llevar al extremo su estrategia de confrontación con el gobierno central. Le fue más fácil acusar a “España” de menosprecio hacía Cataluña, y promover la secesión como única solución.
Sin embargo este planteamiento, enteramente basado en aprovechar esta frustración, obviaba completamente una valoración racional y objetiva de las ventajas y riesgos de una posible independencia, y cuando los portavoces oficiales entraban en este debate, lo hicieron de forma sesgada y tergiversando la realidad, como es natural por otra parte teniendo en cuenta su propósito, por ejemplo en relación a la posible integración de una Cataluña independiente en la Unión Europea.
Volviendo al primer acontecimiento señalado, el recorte del Estatut recién refrendado por el electorado catalán – aunque con solo algo más del tercio del electorado –, recordemos que en este momento la prioridad del gobierno catalán dirigido por Artur Más no era la consecución de un nuevo estatuto, y menos la independencia, sino arrancar progresos puntuales en relación a las competencias y a la financiación. Pero la tentación del PSC, avalada por el propio Zapatero, de disputar a ERC el electorado de izquierdas, les llevó a emprender un acercamiento a las tesis nacionalistas, acercamiento que se concretó en la asunción de la postura de ERC a favor de un cambio drástico en el marco de relaciones entre Cataluña y el resto de España, que debía desembocar en un nuevo estatuto. Hasta tal punto adhirió el presidente Zapatero a esta tesis que primero declaró que apoyaría cualquier petición de la Generalitat en este sentido, y a continuación remató la faena en persona, pactando directamente y sin involucrar al propio PSC unas condiciones estatutarias con Artur Más, en un momento de bloqueo en las negociaciones. Así surgió el proyecto del nuevo Estatut, que aún tuvo que pasar por la comisión constitucional del Congreso, bajo la batuta de Alfonso Guerra, quién, consciente de los aspectos problemáticos del borrador, declaró que se pondría a “constitucionalizar” el proyecto. Este lavado de cara resultó al final insuficiente a la vista de la conocida sentencia del Tribunal Constitucional, intervenida, como se dijo antes, una vez refrendado el nuevo Estatut tanto por el parlamento central como por el pueblo catalán en referéndum. De ahí la indignación del sector independentista catalán, y la frustración de un amplio sector de la opinión pública catalana.
Llegados a este punto, uno se pregunta: ¿Cómo es posible que se haya dejado para el final el filtro del Tribunal Constitucional, sabiendo (y lo sabía Alfonso Guerra y numerosos constitucionalistas) que era altamente probable un recorte substancial por parte de dicho Tribunal? El recurso presentado por el PP fue el factor determinante. El PP se negó a acatar la decisión del pueblo catalán refrendando el Estatut, y llevó a sus últimas consecuencias su convicción de que el Estatut violaba claramente la Constitución en vigor, y por lo tanto debía ser recurrido ante dicho Tribunal. Aquí hay que recordar que, además del PP, el propio defensor del pueblo Enrique Múgica, de sensibilidad socialista, también interpuso un recurso ante el mismo Tribunal. Pero este dato no mereció la atención del público catalán en general. Sobra decir que estas circunstancias motivaron en la sociedad catalana una profunda animadversión contra el PP, con las lógicas consecuencias electorales.
Así las cosas, volvamos al punto de partida: ¿Porqué se dejó para el final el filtro del Tribunal constitucional? La respuesta es bien sencilla: Porque se derogó, bajo el gobierno de Rodriguez Zapatero, la modalidad del recurso previo de anticonstitucionalidad, que permitía interrumpir la tramitación de cualquier proyecto de ley, y por lo tanto su promulgación, hasta que el Tribunal Constitucional le diera su visto bueno. De haberse aplicado en el caso que nos ocupa, el nuevo Estatut no hubiera podido ser aprobado en la forma en que se presentaba por las Cortes Generales, y menos refrendado en referéndum. Eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿Porqué decidió el gobierno de Zapatero derogar el recurso previo? Las hipótesis son dos: O bien se quería dejar via libre para la tramitación sin obstáculos de un nuevo Estatut que se sabía de antemano podía incluir disposiciones anticonstitucionales, o bien se quería evitar el bloqueo por parte de la oposición de cualquier proyecto de ley del gobierno, mediante el recurso al Constitucional, y teniendo en cuenta la demora habitual de este tribunal en publicar sus autos. Dejando la primera hipótesis como poco probable, y evitando la implicación de maquiavelismo y manipulación que sugiere, nos quedamos con la segunda, que tiene su punto de razón, porque efectivamente la capacidad de bloqueo que conlleva el recurso previo puede derivar en impedir elnormal desarrollo de la labor legislativa del gobierno y del parlamento. Se justificaría por tanto la supresión del recurso previo, cortando de raíz posibles maniobras dilatorias de la oposición. Se habían dado ejemplos en que esto fue el caso. Sin embargo, el resultado práctico de la derogación, aplicado a la tramitación del Estatut, no pudo ser más nefasto.
En conclusión, se puede afirmar que la ausencia de esta disposición, independientemente de su justificación, tuvo consecuencias graves y determinantes en el viraje de la opinión pública catalana, y determinó una dinámica que, mediante la reclamación del “derecho a decidir”, abrió el camino a la radicalización del movimiento independentista que se sintió avalado en su pretensión de un referéndum de autodeterminación. Uno no puede dejar de pensar que hubiera sido más inteligente derogar el recurso previo solo en parte, manteniéndolo para algunas cuestiones fundamentales como precisamente la conformación del estatuto de las autonomías, incluyendo su financiación. Pero el mal estaba hecho, y ahora procede examinar el otro acontecimiento determinante, la petición de la Generalitat de un concierto económico diferenciado, llamado también “pacto fiscal”, de carácter bilateral entre el estado central y Cataluña, lo que equivalía a introducir un tratamiento ventajoso para la comunidad, tal como existe con el País Vasco.
Pero antes de entrar a valorar esta petición, conviene apartar del debate, como accesorio y no determinante, la cuestión del reconocimiento de Cataluña como “nación”, a pesar de que algunos la consideren central y crucial a la hora de definir la verdadera naturaleza del territorio catalán y de su pueblo. En realidad, los separatistas catalanes, y muchos de los que se consideran simplemente nacionalistas, consideran el hecho de nación catalana como un concepto y una realidad asumidos, como que “va de soi”, y que su traducción en la definición de la comunidad catalana de forma clara y específica en una Constitución reformada no sería más que la expresión formal de una realidad. Y por más que este reconocimiento pudiera satisfacer una aspiración basada sobre todo en un sentimiento, no haría mucho, o más bien no cambiaría nada respecto de las verdaderas y prácticas demandas de Cataluña, que se centran en las competencias y en la financiación. En este sentido, concluimos que la cuestión de “nación", por mucho simbolismo e importancia que se le quiera dar por parte de los separatistas y también de ciertos sectores de la política nacional, pasa a un segundo plano cuando se trata de concretar qué medidas prácticas serían necesarias y suficientes para contentar al nacionalismo catalán. Y que por lo tanto vuelven a primar estas demandas como los elementos de una posible “solución” de la cuestión catalana.
Habiendo apartado de nuestro camino esta cuestión de identidad, podemos acometer la discusión sobre la vertiente económica del conflicto catalán, observando de paso que la nueva reclamación por parte de Artur Más de un pacto fiscal específico para Cataluña era en si mismo la asunción por su parte de la potestad del Estado en esta materia, y por lo tanto debía excluir, en caso de lograr dicho pacto fiscal, cualquier intento de secesión. En efecto, sería contradictorio haber obtenido satisfacción del Estado en esta materia, y a continuación reclamar la independencia del propio estado que acaba de plegarse a esa pretensión, presentada como la condición para colmar las aspiraciones de la comunidad catalana. Visto desde otro ángulo, es difícil suponer (pero no del todo descartable) que la reclamación de un concierto económico “a la vasca” fuera solo una maniobra destinada, en vista de la probable negativa del gobierno central, a cargarse de razones para vender la idea de que la independencia era ya la única vía para alcanzar la deseada autonomía económica, y con ella una mejora de las condiciones financieras de la comunidad, al poner fin al “expolio” por parte de España.
Pero si volvemos a la hipótesis inicial, y damos por buena la postura oficial del presidente de la Generalitat, debemos suponer que estaba en su ánimo que la consecución de un concierto económico colmaría buena parte de las demandas nacionalistas y, junto con otras cuestiones negociables, permitiría reconducir las relaciones entre Cataluña y el resto de España hacía un consenso mínimo y cierta estabilidad, que a su vez relanzaría una dinámica de colaboración productiva en materia de infraestructuras y competencias. Y si eso estaba en el ánimo de Artur Más, habrá que concluir que no era, en este momento, la independencia su meta fundamental ni la del nacionalismo catalán, sino la mejora de las condiciones financieras de la comunidad. Otra cosa es que la postura de ERC y de parte de la población catalana fuera más volcada hacía la secesión, pero se trataría de un porcentaje minoritario que no tenía por que condicionar la estrategia de la Generalitat.
¿Cuáles eran las razones por las cuales Mariano Rajoy cortó de raíz la pretensión de Más, provocando de este modo el segundo acontecimiento al cual nos referimos, y con ello el giro de CiU hacía posiciones claramente independentistas? Recordemos que fue a raíz de esta negativa cuando Más declaró que su objetivo era ya la secesión.
La razón básica de la negativa es bien conocida: Sencillamente, no se puede otorgar a una comunidad un tratamiento fiscal distinto y ventajoso respecto de las demás. El caso, o precedente, del concierto vasco es una excepción basada en una historia de feudos que dio pie en el momento de la transición a acordar tal tratamiento diferenciado. En realidad, fue un intento de apaciguar y contentar el sector nacionalista vasco y arrancar su asentimiento a la nueva estructura comunitaria, esperando de paso propiciar el fin del terrorismo etarra. Para este intento resultó útil poderse basar en la realidad histórica de los feudos como coartada o excusa cómoda y aceptable para el resto de las comunidades. El tiempo ha demostrado que esta actitud benévola no logró el resultado esperado, como se vio con la insistencia del nacionalismo vasco en reclamar más autogobierno, hasta el episodio del plan Ibarretxe, y tampoco logró que ETA desistiera de su acción violenta. No fueron los gestos de concordia y negociación política los que propiciaron el fin de la acción armada de ETA, sino la inflexibilidad de la actuación policial y judicial del Estado. Y eso, conviniendo que algún intento de negociación, al fracasar, haya podido convencer a ciertos ilusos que efectivamente la negociación política con ETA no podía dar frutos, o que el único fruto de estos intentos de negociación fue la demostración de su inutilidad.
En cualquier caso, hay que reconocer que el otorgamiento del concierto económico a la comunidad vasca concitó el suficiente consenso por parte de las fuerzas políticas y de las élites regionales. En este punto se podría uno plantear la cuestión de si los nacionalistas vascos y su gobierno han sido desleales al espíritu de la transición y de la propia Constitución. En realidad, también se puede decir que simplemente decidieron ser leales antes a su ideología nacionalista, lo cual no deja de ser legítimo, y que lo hicieron dentro de las cauces establecidos por la propia Constitución. Nada que objetar, y un precedente para Cataluña.
En contraste con la situación vasca, el nacionalismo catalán de Pujol nunca planteó la independencia como meta inexcusable, o como el final obligado de un largo camino, hasta que su versión izquierdista radical entrará a competir con ese nacionalismo moderado y pragmático. De ahí que su viraje hacía la secesión pura y simple se perciba como un “acting out”, una salida de tono impostada que nadie se acaba de creer, y donde parece que ni ellos se lo creen. Se tiene la sensación de que CiU, y ahora el PdCat, se han embarcado en una partida de póquer mentiroso en la cual han perdido el control y se ven obligados a subir las apuestas, sabiendo que solo la continuación de la partida les evitará tener que desvelar sus cartas y con ello, descubrir su falta de mano ganadora.
Volviendo pues a la cuestión del concierto económico, el rechazo del gobierno del PP no hace más que reflejar el sentir de las demás comunidades autónomas ante esta cuestión, incluyendo aquellas gobernadas por los socialistas, y, a la cabeza de ellas, la andaluza. Este rechazo se fundamenta en la negativa a tolerar un tratamiento discriminatorio a favor de Cataluña. Pero es que además, esta pretensión choca con las propias reinvindicaciones de varias comunidades hacía una mejora de sus condiciones de financiación: La andaluza reclamaba la reparación de una “deuda histórica”, la valenciana se queja de una insuficiencia crónica de financiación, la madrileña hace observar que no se tiene adecuadamente en cuenta el aumento de población que ha experimentado, la extremeña advierte de que su debilidad económica no puede encajar una reducción de la solidaridad entre regiones, etc. En estas condiciones, ¿cómo otorgar a Cataluña un trato de favor que necesariamente se traduciría en una merma de los recursos disponibles para los demás? Esto no es óbice para que el sistema de financiación autonómica no requiera de una refundación profunda que haga más justas las reglas de reparto, pero también asegure la responsabilidad fiscal y de gestión. Esta refundación lleva tiempo esperando, pero hay que señalar que precisamente la cuestión catalana sin resolver no ayuda a emprender el trabajo.
Tan previsible era el desenlace del viaje a Madrid del presidente Más, que uno no puede dejar de retomar la hipótesis de que todo no fue más que una maniobra del gobierno catalán para legitimar su giro hacía la estrategia de secesión. Refuerza esta hipótesis la consideración de que este tipo de cuestiones muy sensibles y polémicas se tratan mejor en conversaciones secretas o semi secretas que en un debate público con su dosis de dramatización. Posiblemente el PP no estaba dispuesto a entablar tales conversaciones, pero tampoco tenemos indicios de que lo intentará el gobierno catalán.
Así las cosas, se suma al recorte del Tribunal Constitucional la negativa al pacto fiscal, para convencer una parte importante de los catalanes que su gobierno tiene motivos para hacer de la petición de independencia la única salida al bloqueo institucional, y sobre todo para apuntar al “derecho a decidir”, y a su expresión en forma de un referéndum de autodeterminación, comoprerrogativa inalienable del pueblo catalán.
Sin entrar a fondo en la discusión político-filosófica del llamado derecho a decidir, apuntaremos que este supuesto derecho no encuentra ninguna base en el ordenamiento jurídico internacional, mientras no sea mediante elecciones libres, democráticas y legales, como es el caso en Cataluña desde la Transición, y que por otra parte, en un asunto tan grave y trascendental como la secesión de un país, uno podrá decidir para si mismo, pero no podrá imponer esa decisión a los demás.
Como se dice, de estos barros vinieron estos lodos. Se creó una dinámica imparable, una huida adelante del PdCat hacía un objetivo imposible, impulsada en parte por querer disputar a ERC el electorado independentista. Esta competencia por los votos indica, como ya hemos señalado, que el propio PdCat no se cree del todo su propia propaganda y sigue apostando por las próximas elecciones autonómicas que deberán tener lugar una vezpasado el trance del 1O. Pero esta estrategia no parece exitosa, siguiendo la máxima de que la gente prefiere el original a la copia. El PSC por cierto, y con él Pedro Sánchez, caen en el mismo error al apostar por un cambio todavía indefinido de la Constitución, intentando atraer los votos de aquellos frustrados por la pasividad del gobiernocentral.
Siendo cierto que el gobierno ha sido pasivo e “inmóvil”, al no ofrecer una vía de escape al movimiento independentista, tacharle de “inmovilismo” supone atribuirle una estrategia consciente que no tenga en cuenta las circunstancias reales en que se desempeña su actuación. Pero precisamente son las circunstancias las que aconsejaron, ahora y antes, la ausencia de iniciativas de acercamiento al gobierno catalán. En efecto, cualquier movimiento en este sentido equivaldría a validar la legitimidad de la postura secesionista del gobierno catalán: Si los independentistas creen tener razones para ver en la secesión la verdadera solución para Cataluña, entonces podrá ser inútil intentar cambiarles la idea ofreciéndoles cesiones de tipo simbólico (definición de Cataluña como “nación”), y/o económico (pacto fiscal, infraestructuras). Por lo tanto, cualquier oferta de negociación, para dotarla de bases sólidas y abortar un posible chantaje a la independencia, debería ser acompañada de la petición al interlocutor catalán (en principio Junt per Sí) de un compromiso de apartar y prácticamente abandonar la pretensión de independencia, y en concreto de desistir delreferéndum de autodeterminación. De hecho, no es compatible negociar un acomodo dentro del país y al mismo tiempo detener la llave para salir de él. Y aún obteniendo este compromiso, existen razones para desconfiar de él, a la vista de la trayectoria del nacionalismo catalán en los últimos treinta años.
De todos modos, parece claro que en el estado actual de las cosas, y desde que intervinieron los dos acontecimientos comentados antes, viendo el gobierno catalán volcado en su estrategia secesionista, es ilusorio esperar que prospere esta vía de arreglo. Y si aún así lo intentará el gobierno actual, sería probable la reacción adversa de la opinión pública española, a pesar de que lo celebraría el partido socialista de Pedro Sánchez y algunos más. En definitiva, debemos dar por buena la postura actual del gobierno central, no por adherir a una supuesta estrategia de inmovilismo, sino al constatar que en la práctica no hay nada que negociar mientras los separatistas catalanes insistan en su pretensión de referéndum. Una negociación en que una de las partes plantea como innegociable el mismo núcleo de la problemática, es imposible. Como en el baile, dos no negocian si uno no quiere.
Es cierto que existe en buena parte de la sociedad española un verdadero anhelo por hacer “lo que sea” para evitar o revertir el continuado deterioro de las relaciones entre Cataluña y el resto de España, y hay que celebrarlo como la demostración del aprecio que se siente por lo que representa Cataluña en el imaginario español. Sin embargo, esta buena disposición, empañada a veces por los partidarios de agudizar el conflicto, surge realmente de la necesidad de defenderse ante las acusaciones que nos vienen de Cataluña: “España nos roba”, “España nos desprecia”, etc. Y para demostrarse a uno mismo, tanto que a los propios catalanes, que estas acusaciones son infundadas, está uno dispuesto a hacer gestos de conciliación y concesiones que alivien o resuelven el supuesto conflicto. Esta actitud benévola es la que nos empuja a dar validez y legitimidad a, por lo menos, algunas de las demandas del gobierno catalán, que por otra parte pueden estar perfectamente justificadas. Sin embargo, al hacerlo como lo están proponiendo ciertos sectores de la clase política, se dejan de lado las consideraciones expuestas antes, que en la práctica apuntan a la casi segura inoperancia de una política de diálogo, y se establece la “voluntad de pacto” como la poción mágica, o el bálsamo de Fierabrás que lo cura todo, pero sin atender a dichas consideraciones.
En relación a la postura actual del partido socialista, se plantea la pregunta de saber si es motivada por la convicción de que una oferta de diálogo con propuestas concretas pudiera desbloquear la situación, o si se trata simplemente de establecer un contraste con la posición “inmovilista” del gobierno del PP. Puede que haya más de lo primero en el electorado del PSOE, y más de lo segundo en la cúpula del partido. En cualquier caso, esta posición es legítima y lícita, por mucho que como se ha expuesto antes pueda estar condenada al fracaso. Por lo menos puede tener el efecto positivo de “marcar” al PP y obligarle a afinar su propia estrategia. En este sentido, la postura del PSOE habilitaría una suerte de seguro contra la posible tentación del PP de ignorar cualquier oportunidad de apertura de conversaciones positivas y útiles con un interlocutor catalán, por ejemplo un nuevo govern después de las próximas elecciones autonómicas.
Pero esto es el futuro, imprevisible e incierto, de esta larga y triste historia, que por cierto el país no se merecía después de emerger de una dictadura de forma ejemplar y de encadenar 40 años de crecimiento económico y social sin precedentes en su historia. Aquí se pretendió arrojar alguna luz sobre la cuestión, pero al final puede que sea verdad el dicho de que “Si alguien le explica la política catalana y la entiende, es que se la han explicado mal…”
Thierry Reyners
Agosto 2017
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