Piense usted en una economía con unas perspectivas de crecimiento anual para el lustro 2016-20 del 1,6% y con un PIB por debajo de la senda estructural en cada uno de los años de ese período. Además, esa economía tendría superávits primarios en todos los ejercicios con un porcentaje anual promedio del 1,0% del PIB, de modo que tras los pagos de intereses, el déficit fiscal medio fuera del 0,8%. En la misma línea, la deuda pública bruta pasaría del 93,7% del PIB de cierre de 2015 al 85,2% al final del lustro, y la neta se reduciría del 70,1% al 64,2%. Ahora, suponga que los tipos de interés oficiales estén rayando el 0%, que la inflación media prevista en el lustro ni siquiera alcance el 1,5% anual, siendo el mandato de su banco central el 2,0%, y que algunas emisiones de deuda pública se coloquen con tipos nominales negativos. Por último, imagine que esa economía tenga un superávit por cuenta corriente promedio anual en el periodo 2016-20 del 2,7% del PIB, es decir un exceso de ahorro sin proyectos de inversión que se destinan al resto del mundo. Y todo ello con una tasa de paro media del 9,7% en el lustro.
Pues bien, con este cuadro macro, ¿conoce usted a algún analista que recomiende una agenda de consolidación fiscal? Como el lector habrá adivinado, estas previsiones corresponden a la zona euro realizadas por el FMI. La eurozona necesita una política de impulso fiscal y el problema es determinar el instrumento para tal acción, en la medida en que no existe una unión fiscal y que algunos países, como el nuestro, no pueden activar la demanda de un modo independiente ante su abultada deuda pública. Así pues, la zona euro se debate entre continuar con una agenda que no permitirá un retorno a un crecimiento robusto, por muchas reformas estructurales que se implementen, y estudiar las opciones para simular tales políticas fiscales con otros instrumentos.
Sin duda, el plan Juncker, un compromiso que el grupo socialista arrancó en la investidura del presidente de la Comisión, es una herramienta oportuna, pero no es suficiente en la medida que se pretende apalancar inversión privada con pocas expectativas de rentabilidad bajo este entorno macro. Asimismo, la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento ofrece opciones nuevas a los países deficitarios para abordar sendas de consolidación más suaves, pero el reto está en el comportamiento de los países con más espacio fiscal. Y la construcción de un presupuesto de la eurozona, tal y como se define en el informe de los cinco presidentes sobre el futuro de la eurozona, se fía para más allá de 2017.
De este modo, la única opción a corto plazo pasa por redoblar la inversión en aquellos Estados con margen fiscal, que además deberían defenderla como necesaria para compensar la expansiva política monetaria del BCE que está colaborando también en sus crecientes superávits por cuenta corriente. De algún modo, España, Italia o Portugal deberían haber acompañado la laxa política monetaria previa a la crisis con una mayor restricción fiscal y de manera inversa, en estos momentos, Alemania y países similares deberían aumentar sus déficits presupuestarios para evitar continuar acumulando desequilibrios por cuenta corriente.
En este entorno, la Comisión Europea publicaba a finales de noviembre su Encuesta Anual de Crecimiento con la que se da inicio al semestre europeo, un periodo de revisión y adecuación de las políticas económicas en la Unión. En esta ocasión, por primera vez, la Comisión realizaba recomendaciones directas sobre la zona euro, como unidad económica, de una manera adicional y complementaria a las reflexiones para cada uno de los Estados miembros. Este avance es muy importante a la hora de diseñar una política para la eurozona, con un visión global, que huya de las aproximaciones país a país que minimizan los efectos spillovers de unos Estados sobre otros. Sin embargo, las conclusiones de la Comisión no conducen a las recomendaciones rotundas y obvias que cualquier analista podría defender ante al cuadro macro que se presenta aquí, sino que insiste en la política fiscal neutra, cuando no restrictiva, para la eurozona.
La Comisión parece realizar su valoración global con la mente puesta en los Estados miembros con más problemas, a los que no se les puede aconsejar una política fiscal expansiva, y renuncia a una acción colectiva fuerte y decidida. De este modo, sigue pensando en clave de un sistema de tipos de cambio fijo, con poca capacidad de acción política sobre los países superavitarios. Sin duda, el ejecutivo comunitario pide activar la inversión y acomodar los superávit por cuenta corriente, pero no lo hace con la rotundidad que se necesitaría ante estas magras previsiones que amenazan, por otra parte, el propio proyecto europeo, como acabamos de testar en Francia. De este modo, parecería que la Comisión quisiera comenzar a discutir otra agenda pero que no es capaz de ponerla sobre la mesa abiertamente, dando continuidad a la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento o al propio Plan Juncker.
Y este es un debate que centra ahora las discusiones entre las fuerzas progresistas y conservadoras en el Parlamento y en el Consejo Europeo, mucho más igualadas que en la pasada legislatura, donde el grupo parlamentario popular y el directorio Merkozy marcaron la pauta. Esa mayor igualdad está permitiendo sacar adelante otra agenda económica, pero no tiene la fortaleza suficiente para ser implementada con mayor intensidad.
Con todo, en las dos últimas comparecencias públicas tras las reuniones del Consejo de Gobierno del BCE, Mario Draghi retocó el texto que suele repetir automáticamente sobre la política fiscal. En esas intervenciones, no solo recordó la necesidad de cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sino que apuntó de manera adicional que, “al mismo tiempo, todos los países deberían desplegar una composición de la política fiscal más favorable al crecimiento”. Ciertamente, las declaraciones de Mario Draghi son muy medidas, y la ampliación de su valoración de la política fiscal más allá del seguimiento del Pacto de Estabilidad no es casual.
Por todo ello, existe una marea de fondo que apunta hacia una revisión de la política fiscal pero aún es tenue y sin la fuerza necesaria. En este sentido, ayudaría y mucho la presencia de un socialista más en el Consejo Europeo, que junto a la incorporación del portugués Antonio Costas, fortaleciera un bloque europeísta y progresista para profundizar en una política fiscal europea más expansiva, aun cuando en nuestros países no hay mucho espacio para las alegrías presupuestarias. Por consiguiente, una victoria socialista en las próximas elecciones generales en nuestro país supondría un paso excepcional para solidificar el cambio en Europa.
Jonás Fernández Álvarez es diputado al Parlamento Europeo del PSOE y miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.
1 comentario:
Solo veo en este panorama una gran coalición con Jonás de superministro de Economia.J
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