miércoles, 10 de febrero de 2016

La Nueva España informa de una reclamación sobre el derribo de una construcción ilegal

Reclaman 261.000 euros a Castropol por el derribo de una casa de Figueras Los dueños de la vivienda demolida el pasado año por orden judicial esperan la respuesta del Ayuntamiento a su reclamación patrimonial 10.02.2016 | 02:20 Castropol, T. CASCUDO Los propietarios de la vivienda unifamiliar de Figueras derribada el pasado septiembre por orden judicial, pese a tener licencia de obra, han presentado la pertinente reclamación patrimonial ante el Ayuntamiento de Castropol. La reclamación, presentada hace tres meses, asciende a 261.000 euros. El alcalde de Castropol, José Ángel Pérez, explica que el documento está siendo estudiado por los servicios jurídicos municipales. "Una vez esté listo el estudio nos reuniremos con los afectados para buscar el acuerdo", precisa Pérez. En todo caso, el regidor advierte de que hay aspectos de la reclamación que carecen de sentido, ya que los dueños "piden cosas sin argumento". Los afectados explicaron ayer a este periódico que hace tres meses que se presentó el documento en el Ayuntamiento y, de momento, no han obtenido respuesta ninguna. El consistorio dispone de un plazo de seis meses para contestar; de lo contrario, se entiende que se ha producido un silencio administrativo y es el momento de recurrir a la vía judicial. Los afectados volvieron a mostrar ayer su pesar por esta situación "tan terrible" que están viviendo. Cabe precisar que recibieron licencia de obra del Ayuntamiento en el año 2003 para edificar su casa en el barrio de La Atalaya y poco después el político Antonio Masip, con una casa en la misma zona, interpuso una denuncia por una posible infracción urbanística. Finalmente, la justicia le dio la razón, al entender que el Ayuntamiento cometió un error al dar la licencia a una vivienda en suelo urbano no consolidado, y condenó al Ayuntamiento a hacerse cargo del derribo. La oposición municipal integrada por PP e IU se ha mostrado muy crítica con la manera en que el equipo de gobierno ha gestionado este asunto. El popular Álvaro Queipo prefiere no valorar la reclamación patrimonial hasta que se conozca el informe de los servicios jurídicos; sin embargo, lamenta que se haya llegado a este punto: "Todo esto se podría haber arreglado si el Ayuntamiento hubiera tenido una posición más activa y a tiempo para mediar entre las partes". Por su parte, el portavoz de IU, Juan José Menéndez, explica que la reclamación era algo esperado y lamenta que un error del Consistorio lo vayan a pagar ahora todos los vecinos: "Creo que se pudo llegar a un acuerdo y no se hizo", añade.

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