lunes, 14 de marzo de 2011

La CEOE condena el recurso a la cooperación reforzada para el establecimiento de una patente europea

La patronal española, CEOE, se ha pronunciado de forma clarividente sobre el yerro del Consejo Europeo de continuar con la cooperación reforzada en materia de patentes, pese a la desautorización del Tribunal de Luxemburgo a la competencia jurisdiccional. La loable posición al respecto de los empresarios españoles coincide con la adoptada por mí días pasados, publicada también en nota de prensa, y con la de nuestro gobierno. Aún debemos llevar una lucha, aunque desigual y necesaria. Es importante la unidad de criterios en España, donde no puedo menos de ponderar la postura del PP en la Comisión JURI personificada en sus diputados López Istúriz, titular, y Luis de Grandes, suplente.

CEOE APOYA EL RECURSO AL TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEO CONTRA UNA PATENTE DISCRIMINATORIA

Madrid, 10, Marzo

CEOE lamenta que el Consejo de Competitividad, celebrado hoy en Bruselas, haya dado luz verde al lanzamiento de una cooperación reforzada para establecer una patente unitaria, sobre todo después de que el Tribunal de Justicia de la UE haya emitido un dictamen en el que declara incompatible con los Tratados de la UE la creación de un Tribunal Europeo y Comunitario de Patentes.

El dictamen del Tribunal de Justicia de la UE refuerza las tesis de CEOE contrarias a implantar un sistema discriminatorio que crea desventajas competitivas y socava el Derecho de un acceso igualitario a la justicia.

Por otro lado, la decisión del Consejo de Competitividad deja huérfana a la cooperación reforzada de uno de los pilares básicos de todo sistema de patentes: el jurisdiccional, sin el cual no se podrán hacer efectivas las futuras patentes unitarias. Además, la petición de cooperación reforzada hace referencia a una competencia exclusiva de la UE que, por tanto, no podría ser regulada mediante este mecanismo.

CEOE reconoce también la labor del Gobierno español y, concretamente, de la Secretaría de Estado para la UE, para impedir que se discrimine a las empresas españolas en un asunto de vital importancia como es el futuro de su desarrollo tecnológico.

A la vista del dictamen del Tribunal de Justicia de la UE, hubiera sido deseable una reacción más prudente de la Comisión Europea y del Consejo y no arriesgarse de nuevo a que un recurso pueda poner en evidencia la eventual incompatibilidad de la cooperación hoy aprobada.

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