domingo, 4 de noviembre de 2007

Pena de muerte


El Parlamento europeo está desarrollando una frenética actividad en su campaña contra la pena de muerte en el mundo. Recientemente fueron recibidas en la sede de Bruselas las seis enfermeras búlgaras que estuvieron presas ocho años en los pasillos de la muerte libios, acusadas de haber contaminado de SIDA a unos enfermos. La crisis se resolvió el pasado verano gracias a la diplomacia francesa pero puso de relieve la inhumanidad y arbitrariedad de regímenes como el de Gadafi en relaciones de acercamiento creciente con la UE.

La pena de muerte se encuentra abolida a fecha de hoy en noventa países. El último en hacerlo fue Ruanda, demostrando que incluso los países que han sufrido los crímenes más horrendos pueden disponer de la valentía política y las garantías jurídicas para prescindir de una medida que es, en sí, irreversible, cruel e inútil.

En 2006 el 90% de las ejecuciones realizadas tuvieron lugar, por orden decreciente, en seis países: China, Irán, Irak, Pakistán, Sudán y EE.UU. En China las 1010 ejecuciones oficiales corresponden a estimaciones en torno a 8000 personas. Debería denunciarse especialmente en el tiempo que resta de aquí a las olimpiadas de verano de Pekín 2008. El extraordinario desarrollo económico que ha experimentado China en los últimos años no debe ocultarnos la triste realidad de torturas y violaciones al derecho de defensa. En Irán todavía se producen ejecuciones por lapidación para casos de adulterio. Y en EE.UU. muchos estados han suspendido las ejecuciones por inyección letal, supuestamente rápida y poco dolorosa, antes casos en los que ésta se ha prolongado durante más de media hora.

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