martes, 30 de agosto de 2005

Inmigración

La política de inmigración sigue siendo objeto de debate aquí en Bruselas. En un reciente seminario organizado por Elena Valenciano y Martine Roure se trató de estudiar los diferentes grados de derechos que existen entre el status de nacional y el de extranjero.
El punto de partida podría ser el reconocimiento internacional del derecho a abandonar un país. Derecho que conculcan estados como Cuba, que impide la salida de la isla del disidente Costa Murua, invitado en diferentes ocasiones por el Parlamento Europeo.
El fin de la detención de extranjeros sólo puede ser el impedir la entrada ilegal o facilitar la repatriación. Las detenciones indefinidas están, en todo caso, prohibidas por la legislación internacional. Sangrante el caso del refugiado cachemir Peter Quasim que, tras pasar siete años en centros de detenciones en Australia, ha recibido finalmente el visto bueno para permanecer legalmente en aquel país.
Por otro lado, ¿en qué medida tienen derecho los extranjeros a permanecer en un país? La legislación internacional reconoce que no se puede impedir a nadie entrar en su propio país. Los derechos de muchos letones de origen ruso no son respetados al respecto en su país.
En último lugar, la no regulación de los residentes de largo duración puede asimismo considerarse, según la profesora Gil-Bazo, una violación de la Convención Europea de Derechos Humanos.
En este debate no pudo faltar el examen del llamado proceso de regularización de los inmigrantes. Como expuso José Alarcón, miembro del gabinete de la Secretaría de Estado de Inmigración, el gobierno de José María Aznar dejó planteadas dos alternativas en este campo: o bien se aplicaba estrictamente la ley y se procedía a la expulsión de los extranjeros en situación irregular, o bien se practicaba la tolerancia como la entiende el PP, haciendo la vista gorda y conculcando la ley. Para un gobierno socialista ninguna de estas alternativas era válida: la primera no se adaptaba a la realidad socioeconómica del país, como han puesto de manifiesto empresarios y sindicatos cuando reconocen las carencias existentes en mano de obra, y la segunda es éticamente y legalmente inadmisible (pues en un estado de derecho gobiernan las leyes y no las personas).
El PP intentó sembrar la confusión sobre la opinión que tenían las instituciones europeas sobre el proceso de regularización. Sin éxito, pues el Sr. Schmitt, ministro del interior de la Presidencia luxemburguesa, hubo de reconocer expresamente en el pleno que la regulación española fue una decisión legítima. Schmitt también insistió que fue una decisión "adoptada en un contexto especial y cuyo objetivo consiste en integrar al máximo, y de la mejor manera, a las personas que se encontraban en situación irregular en el territorio español;(...) integrándolas en la sociedad española se les impide marchar a otros estados miembros. En ese sentido, creo que no puede afirmarse que esta decisión haya sido adoptada en perjuicio de otros estados miembros."
El gobierno español es uno de los promotores de una política común europea de inmigración que comienza con la elaboración de un sistema de alerta mutua que permite informar sobre las decisiones que adoptan los estados miembros. Con ese objetivo, España seguirá desplegando sus esfuerzos, pese a los obstáculos y a las cortinas de humo que se lanzan desde el PP. Un PP cada vez más desnortado y perdido en materia de inmigración.

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