lunes, 11 de julio de 2005

Minas antipersona

Hace ya tiempo propuse para el Premio Príncipe de Asturias a Quique Figaredo, el "obispo de las sillas de ruedas". Jesuita, obispo de Battambang (Camboya) ha conseguido cambiar la vida a cientos de personas que se encontraban postradas, mutiladas e inmóviles como consecuencia de la explosión de las abundantes minas antipersonas que quedan todavía a pocos centímetros de la superficie del bello y convulso país del Imperio Jemer. Gracias a la pequeña fábrica que ha montado en Banteay Prieb, y cuyos obreros son asimismo mutilados, muchos han pasado de ver la vida desde el suelo a verla desde una postura más humana.

Trascendental hito en la eliminación de las minas antipersona fue la Convención de Ottawa de 1997, firmada por 144 países, que las prohibió. Este tratado establecía la obligación de destrucción del stock pendiente, limpieza de las zonas minadas y ayuda a las víctimas. Sin embargo, quedan todavía estados que no la han firmado (Egipto, Israel, Rusia, Estados Unidos y Finlandia,...). Desde aquí, Bruselas, en el Parlamento Europeo, se ha intentado avanzar en la erradicación de esta. Se escucharon y debatieron los argumentos de algunos países que todavía las producen y se subrayó que las minas antipersonas, además de un problema de vida y salud, constituyen un grave obstáculo para el desarrollo. Países muy minados, como Afganistán o Angola, no pueden desarrollarse plenamente hasta que no se desminen completamente.

La eurodiputada portuguesa Ana Gomes, tenaz defensora de la causa saharaui, destacó la responsabilidad de los países productores de estos artefactos mortíferos. Denunció la situación de Marruecos, que no ha firmado la Convención de Ottawa y hace uso sistemático de estos explosivos en su ocupación ilegal del Sáhara Occidental.

Aquí, en Bruselas, nos hemos vuelto a acordar del obispo gijonés.

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